asier-regulacion

Después de una temporada de viajes y otras dedicaciones, vuelvo a este Blog. Lo hago para comentar dos noticias muy curiosas sobre los celulares, que han llegado a mi conocimiento últimamente.
La primera es que en Brasil las autoridades están exigiendo la desconexión de las estaciones base en las proximidades de los centros penitenciarios, con el fin de impedir el uso de los celulares en su interior. Por lo visto no pueden controlar la entrada clandestina de las terminales y, ante la posibilidad de que los internos las usen para proseguir sus actividades delictivas desde el interior, pretenden crear con esta medida una zona de sombra que lo impida. Ignoro por qué no optan por el uso de inhibidores de frecuencias en el interior del recinto, pero en cualquier caso la desconexión de las antenas me parece una medida desmesurada.
La segunda es que en Corea se está vendiendo con gran éxito un terminal celular ¡que lleva un medidor de alcohol en el aliento incorporado!. Cuando te lo explican, se entiende la utilidad del invento, pero es increible que a alguien se le haya ocurrido tal "servicio de valor añadido".
Comparando una y otra noticia no podemos sino pensar que hay una cierta "propensión a equivocarse" en las medidas regulatorias, mientras que en las iniciativas comerciales ocurre al contrario, hay incentivos para el acierto. Al fin y al cabo, si el regulador se equivoca, no pasa nada; si lo hace una empresa, pierde dinero. De ahí la facilidad con que a un regulador se le puede ocurrir que es una buena idea cerrar unas cuantas antenas alrededor de las cárceles, cuando tendría que pensárselo un poco más. El regulador parece necesitar un "medidor de ideas arriesgadas", que alguien debería preocuparse de incorporar a sus equipos telefónicos.

Un artículo de periódico me ha puesto en contacto -vía Internet- con los trabajos que están haciendo en Gran Bretaña para una "mejor regulacion" y, por supuesto son de alabar sus esfuerzos encaminados a simplificar las regulaciones existentes. Entre ellos figura la regla, a su vez muy simple, de "una dentro, una fuera" (one in, one out) que es la que quiero comentar.

Se trata de que toda autoridad o regulador que quiera introducir una nueva regulación se vea forzada a quitar alguna de las existentes para "hacerle sitio" a la nueva. Todo los que escribimos lo hemos hecho alguna vez cuando hemos visto limitada la extensión de nuestros textos: la introduccion de un nuevo párrafo significa el sacrificio de alguno de los ya escritos, al que le adjudicamos menor valor que el que queremos introducir. Es una regla simple, eficiente y que funciona.

Lo curioso es que se introduzca en las reglas básicas del "decision making" regulatorio. ¿Acaso no hay una guía mejor para saber lo que requiere y no requiere regulación?. Probablemente no. Y eso debe hacernos pensar en lo frágil que es nuestra presunta "técnica regulatoria".

En la comunicación puede ya considerarese nomal la entrega de noticias de prensa en formato video. Primero las grandes empresas y luego las Administraciones han comenzado a usar esta técnica en la esperanza de que las televisiones usen las imagenes que les son facilitadas, que, por supuesto, mostrarán la mejor cara de su emisor.

Del uso nace el abuso y las autoridades norteamericanas han comenzado a introducir en este formato auténtica propaganda politica, disfrazado de meras "relaciones públicas". Al parecer, la ADministración Bush ha invertido en ello 1.600 millones de dólares en 3 años, repartidos entre 20 agencias.

La reacción de los críticos ha llevado a la FCC a abrir una investigación al respecto, bajo la presunción de que se trata de "publireportajes" emitidos sin identificar como tales, esto es, disfrazados de noticias, lo que es ilegal. Los comentaristas hablan de "falsas noticias" disfrazadas de reportajes propios.

personalmente encuentro esta reaccion exagerada. Si se facilita una noticia en vídeo, su contenido puede ser aprovechado en los noticiarios, dependiendo la verdad o falsedad de la misma de su coinicidencia con la realidad y no de quien la ha emitido. Es cierto que la empresa o político que produzca el vídeo tienden a salir favorecidos, e incluso que ello conlleva algo de publicidad, pero no necesariamente transmuta la noticia -verdadera- en publicidad -falsa-.

La soluciòn no estriba en calificar como publireportaje todo lo que proceda de fuente ajena, sino en identificar la fuente. Esta identificación, absolutamente normal en textos escritos, a veces se hacer también en productos audiovisuales (cuando se trata de un vídeo de aficionado, para disculpar su escasa calidad) y debería generalizarse. Y, si lo que resulta inadmisilbe es introducir propaganda política en los noticiarios, entonces habría que revisar muy a fondo como se hace la informacion política en ellos, lo que suscitaria espinosas cuestiones. En fin, como digo, encuentro exsagerada la calificación como "falsas noticias" y "publicidad encubierta" de todo tipo de noticias en formato video y piernso que con ello se están aplicando viejas regulaciones (la de los publipreportajes) a nuevos fenómenos que se le escapan de las manos al regualdor. Quedan fuera de este análisis los videos de la guerra de Irak, puesto que es bien sabido que en todas las guerras la primera victima es siempre la verdad (la información es un arma y se utiliza como tal).

De vez en cuando leo, sobre todo en la literatura iberoamericana, una defensa del principio de subsidiariedad, en su versión de que el Estado no haga lo que puede hacer la inicitiativa privada. Como postura ideológica, lo comparto; el problema es que buena parte de esta defensa consiste en afirmar que el principicio de subsidiariedad es constitucionalmente obligatorio, ínsito en el Economía de mercado, sobre lo que tengo ya mis dudas.

Desde luego, no es conveniente que el Estado haga lo que puede confiarse a la sociedad civil, pero ¿es constitucionalmente obligatorio?. Si fuera así, los partidos de izquierdas tendrían que plantearse como primer objetivo cambiar la Constitución, so pena de quedar fuera del arco constitucional, lo que sería muy grave. Además es obvio que los Estados modernos hacen muchas cosas que tambien puede hacer la iniciativa privda: si los centros educativos privados pueden actuar eficientemente; ¿debemos por ello prohibir los públicos?.

Por mi parte he visto afirmar en muchas ocasiones que el Estado puede hacer todo aquello que resulte bueno para el pueblo, con o sin subsidiariedad. Lo he visto en Estados autoritarios y democráticos, en régímenes parlamentarios y presidencialistas, y me temo que sea cierto, con independencia de que la determinacion de lo que sea bueno para el pueblo resulte muy discutible.

No se trata ahora de si la empresa pública es eficiente o no, sino de si la mera existencia o posibilidad de existencia de empresas privadas excluye las públicas (esta es la auténtica subsidiariedad), lo que es otro cantar. En mi opinión, las empresas públicas deben ser combatidas en el terreno de su eficiencia, que es muy baja, no en el de su existencia, que es un hecho. Tatar de afirmar un prinicipio de subsidiariedad radical sería, de todas maneras, una batalla perdida: ¿se imaginan un mundo sin Bancos o Cajas de Ahorros públicos, sin hospitales públicos, o sin museos y biliotecas públicas, por el mero hecho de que pueda haberlos privados?.

Hace tiempo que no añado nada al Código de Conducta de los reguladores, y va siendo hora de recuperar esta vieja idea, así que ahí va un nuevo pareado:

El períodico de ayer traía la siguiente noticia: "los socios de Xfera no llegan a un acuerdo que salve su licencia.". Xfera es el operador de telefonía móvil UMTS (3G) español que, al disponer tan sólo de esta licencia, no se ha decidido a entrar en el mercado desde que la consiguió hace seis años. Los otros tres operadores (Telefónica, Vodafone y Amena -Orange-) están desplegando lentamente sus redes UMTS a partir de las ganancias de las de segunda generación (GMS), con las que compiten desde hace tiempo. Pero Xfera no se decide a hacer las inversiones necesarias, pese a los diversos requerimientos que el Gobierno viene haciéndole reiteradamente.

Hace unos meses sus accionistas de referencia, Telia-Sonera (23 %) y ACS(32 %) tenían el plan de transferir participaciones de la segunda a la primera e invertir en la red, pero, según informan los comentaristas, estos planes se frustraron con la llegada de los operadores móviles virtuales -operadores sin red-, que ha impulsado a Telia a restringir sus inversiones. Obviamente, la concesión a "operadores virtuales" de derechos a acceso a las redes existentes a bajo coste dificultará, si no llega a impedir, la rentabilización de las nuevas redes, ya de por sí dificil para un cuarto operador sin base propia de clientes. Este es un claro ejemplo de cómo la regulación puede tener efectos disuasorios de las inversiones al pretender estimular la competencia mediante la concesión de derechos de acceso a redes.

Acaba de publicarse el Informe DIGIWORLD 2006 de IDATE y, como no podía ser menos presta especial atención a la pugna entre los grandes operadores de redes de telecomunicación y los no menos grandes portales de Internet, centrados en servicios más o menos especializados. Las cifras que aporta este informe favorecen a estos últimos. En concreto, la capitalización bursatil conjunta de Google, Yahoo, eBay, Amazon y Microsoft, de 560.000 millones de dólares, supera a la de los seis mayores operadores mundiales de telecomunicaciones. Lo inmaterial se impone a lo material.

La capitalizacion bursatil, como es sabido, trata de descontar beneficios futuros. A veces los imagina y a veces son reales, pero siempre son un buen aviso para los competidores. Según parece, la publicidad que se está volcando en Internet y la necesidad de fidelizar al cliente con contenidos atractivos, conjuntamente con la dimensión mundial que ofrece la Red de Redes, son la bazas que favorecen a Google y compañía. Pero sus antagonistas, los operadores que suministran la conectividad, se quejan de que la legislación y regulaciones a que están sometidos les están impidiendo competir eficazmente, y tienen razón. La convergencia en este caso es asimétrica. Si, como parece lógico, es la legislación la que debe seguir a la convergencia y no a la inversa, habra á que aligerar esta legislación. Los servicios de Internet están muy bien, pero para disfrutar de ellos hay que conectarse primero; empobrecer a las empresas que aportan la conectividad no parece una buena receta para mejorar las telecomunicaciones.